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La “cuestión indígena” en América Latina y las “nuevas amenazas a la seguridad nacional”

Por Ernesto T. Argento

La “cuestión indígena” en América Latina aparece ya desde los “documentos Santa Fe” de la época de Bush padre, cuando los EEUU se hallaban a la búsqueda de “nuevas amenazas a la seguridad nacional” que justificasen el mantenimiento de su aparato industrial-militar una vez caído el Muro de Berlín, como una de las HHCC a las que deberían enfrentarse los aliados de los EEUU en esta parte del continente, pues sus reclamos por los territorios necesarios para mantener su forma de vida por lo general coincidían con tierras en poder de compañías norteamericanas o de otras locales que exportaban su producción primaria a los EEUU, por la sencilla razón que la mayor parte de esas tierras habían sido ocupadas desalojando a los pueblos que vivían en ellas, mayormente indígenas.

Desde ese momento las FFAA y FFSS locales hicieron propia esa HC, no porque les fuera ajena, sino porque de esa forma validaron décadas -y hasta siglos- de intervenciones y matanzas sistemáticas dirigidas contra la población indígena, una de las fuertemente discriminadas por los sectores de la sociedad que se ven como “criollos” o descendientes de europeos. En nuestro país, son pocos los gobiernos que desde la conquista hispánica a la fecha no han mirado con desconfianza al “indio” o lo han reducido para provecho propio, sea de su fuerza de trabajo, o del territorio que ocupaba. No se salvan de esta ni los virreyes españoles, ni Rosas (que emprende las primeras campañas para ganar territorio para sus amigos ganaderos), ni la infame y sangrienta “Campaña al Desierto” que no era tal sino una masiva toma de tierras para sectores terratenientes, ni los gobiernos del Centenario que hacen lo propio en la región del Chaco, tampoco Perón, que sube en 1946 por la fuerza a trenes que los dejan como semiesclavos en el ingenio Ledesma a los miembros de distintas comunidades participantes de la primera gran manifestación pacífica indígena a Buenos Aires, denominada “Malón por la Paz”, o al año siguiente la masacre de los Pilagá en el paraje Rincon Bomba en Formosa, o más recientemente en las sucesivas dictaduras de las acciones policiales o de la GN contra comunidades indígenas del Chaco, o patagónicas para desplazarlos y entregar sus tierras a hacendados “criollos”, lo cual se ha incrementado en los últimos años en favor de la expansión de la frontera agrícolo-ganadera de la mano de la sojización y del subsecuente incremento del precio de la tierra, a lo que en la anteúltima década de la mano del aumento del petroleo se ha sumado la ocupación de las tierras con petroleo que ahora, por el desarrollo del fracking y los precios de mercado, antes no convenía extraer. En esta etapa fué conocido el IIº “Malon por la Paz” de 2006 en Jujuy por el reclamo de tierras, y la protesta con acampe en la Av de Mayo del cacique Félix Díaz de 2015, levantada por la PFA con ayuda de La Cámpora con la acusación que la motivación era política por parte de la oposición para “ensuciar” al gobernador Isfran, quien con sus patotas acosaba -y acosa- a las comunidades qom, pilagá, wichí y nivaclé, lo mismo que la policía de esa provincia y la chaqueña.

Por idénticos motivos en favor del interés económico trasnacional en la otra parte de la cordillera los Carabineros y fuerzas policiales chilenas han reprimido fuertemente, y a partir de eso en algunos casos luego tenido frecuentes enfrentamientos con comunidades indígenas, las que en los últimos años se han ido organizando como forma de resistencia pasiva, a pesar de lo cual algunos grupúsculos menores han elegido pasar a la acción directa, como lo es el caso de Jones Huala, un personaje que parece actuar más por resentimiento a su padre estanciero inglés que en defensa de la cultura ancestral de su madre mapuche, empleada de su padre. El accionar de este dirigente y de sus pocos seguidores tiene que ver más con lo vandálico que con aspectos reivindicativos, pero los delitos menores que comete en uno u otro lado de la cordillera han sido más que suficientes para que los gobiernos nacionales y locales de ambos lados lo traten de “terrorista”, y de esta forma transformando un delito contra la propiedad o una contravención en una cuestión de seguridad nacional, o sea, siguiendo al pie de la letra el texto y recomendaciones de los documentos de Santa Fe en esta cuestión, desconociendo que el derecho de los indígenas a sus territorios ancestrales es un derecho reconocido expresamente por nuestra Constitución Nacional, siendo ésta en este sentido la línea de nuestros padres fundadores que no solo reconocían a los indígenas la ocupación y uso de sus territorios, sino que inclusive hicieron imprimir la Declaración de la Independencia en castellano, quichua y aymara, reconociendo nuestra esencia pluricultural, y que por ello le valió el apoyo de casi todas las comunidades indígenas al proceso emancipador.

En este marco puede entenderse como es que a partir una protesta en el centro de Bariloche las FFPP y FFSS eligen no solo reprimir a los manifestantes, sino también actuar “preventivamente” y sin orden judicial alguna -tal como lo informa el mismo cronista del diario Clarín- yendo a cada una de las comunidades indígenas de la zona para evitar que los miembros de otras comunidades pudieran sumarse a la protesta. En uno de esos operativos la GN entra a mansalva en un campamento de la RAM en tierras de una multinacional, y en la represión subsiguiente atrapa a Santiago Maldonado, un artesano de la zona que, a pesar de ser “blanco” tenía buena relación con las comunidades indígenas de la zona y los apoyaba en su reclamo en el acampe, para luego subirlo a una camioneta de GN y llevarlo con rumbo desconocido.

Desde ese momento Santiago Maldonado se encuentra desaparecido, siendo el segundo desaparecido conocido en democracia junto a Julio Lopez. La diferencia entre ambos es que con Julio Lopez el gobierno anterior mostró preocupación aunque no haya hecho más que pegar carteles en patrulleros y ofrecer recompensas, mientras que con este gobierno la reacción inmediata fue negar el hecho con similares argumentos a los que antes se utilizaban para negar las desapariciones en épocas del Proceso.

Pero la de Lopez y Maldonado no son las únicas desapariciones en democracia, estas se suman a las de ignotos indígenas atrapados y desaparecidos por patotas de criollos, FFPP o FFSS, que en algunos casos luego aparecen muertos al costado de rutas o caminos, o en otros ni siquiera eso, porque a los ojos de nuestra Justicia sus asesinatos o desapariciones casi siempre están ligadas a “ajuste de cuentas”, “asesinato en riña”, “fuga del hogar” o cuestiones por el estilo, es decir, argumentos similares a los que usaba la justicia del Proceso para decir que muchos desaparecidos o asesinados por las FFAA o FFSS lo eran en “enfrentamientos” y no a causa del brazo armado del Estado una vez que esos combatientes -cuando lo eran, ya que la mayor parte de los 30.000 desaparecidos jamás tocó un arma- estaban ya reducidos y a disposición de las supuestas fuerzas del orden, o bien se argumentaba que “estaban de paseo por Europa”. Argumentos similares se utilizan en los casos de “gatillo fácil” para justificar el exterminio de 300 jóvenes pobres por año en nuestros barrios desangelados, se ve que son poco imaginativos algunos funcionarios públicos a la hora de encontrar excusas para su accionar execrable, pero si un candidato a senador en plena campaña se ufana de “meter un pibe preso por día” como un logro de gestión, ya sabemos a que atenernos, y desde que lado del mostrador se está ejerciendo el famoso “terrorismo” que algunos funcionarios buscan con ahínco que se produzca para dar rienda suelta a los planes represivos en carpeta.

Por hechos como estos si vivimos en democracia, esta lo es de baja calidad, y ni hablar de estar en un estado de derecho cuando las garantías fundamentales del ser humano, entre ellas la primordial que es la vida, no merece ni la más mínima preocupación de nuestros funcionarios, distraídos en otras cuestiones menores, o bien al servicio de sus intereses particulares o el de los extranjeros. Hay veces en las cuales ser argentino duele mucho, y esta es una de esas.

InterEstra.Arg

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4 Comentarios en La “cuestión indígena” en América Latina y las “nuevas amenazas a la seguridad nacional”

  1. Buenas tardes:
    Espero Santiago Maldonado aparezca con vida (aunque no me hago muchas ilusiones al respecto) y acepto muchas de las reivindicaciones de los pueblos originarios. Ahora, el establecimiento de una nación mapuche es, simplemente, inaceptable. Si no recuerden como, durante los ´80, los norteamericanos utilizaron los legítimos reclamos de los indios miskitos contra el gobierno sandinista de Nicaragua. No vaya a ser que, en caso de que el gobierno de turno no les garantice el “clima de negocios” o, lisa y llanamente, vaya contra la extranjerización de las tierras, decidan financiar un movimiento secesionista. Recuerden que Orélie Antoine de Tounens no era un loco.
    Saludos

    • Estimado Diego, entiendo tus temores por lo esquivo del término “nación” respecto a su significación, pero el término en que estos grupos utilizan para ese vocablo -salvo las excepciones de siempre- tiene que ver más con una cuestión cultural y de administración de los propios recursos que una asociada a cuestiones que la asimilan a lo propio de un Estado en su concepción moderna occidental. El ejemplo de ello es lo que los padres fundadores de nuestra Patria entendían como “nación india”, tal como se retrata en la obra de Ricardo Lesser “Los orígenes de la Argentina: historias del Reino del Río de la Plata”, o bien el reconocimiento que el gobierno de Evo Morales realizó en Bolivia a las distintas naciones indígenas, por lo cual ese Estado pasa de ser uninacional a plurinacional, reconociendo los derechos culturales, políticos y sociales de la población indígena boliviana, y sobre todo, a preservar su hábitat ancestral sin por ello dejar de reconocerse como “bolivianos”.

      La declaración de independencia de las Provincias Unidas en Sud América toman cuenta de esta “unidad en la diversidad” no solo al reconocer el orden constitutivo de una entidad federal, sino en que los diputados eran representantes del pueblo de las provincias, incluyendo el mismo a las diferentes naciones indígenas, por lo cual su texto se redacta en idioma castellano, quichua y aymara, siendo la mayor parte de estos pueblos defensores de la causa americana, como lo demuestran también muchos hechos de esa época, de los cuales, a modo de ejemplo, tomaremos algunos de los recopilados por Fernando Ramón Bossi en su ilustrativo trabajo “San Martín y los pueblos indígenas de nuestra América”:
      – El pedido en su creación en 1812 para la incorporación de 300 guaraníes a su unidad de élite, el Regimiento de Granaderos a Caballo. Muchos de esos nombres se inscribieron en las páginas gloriosas de ese Regimiento, como los de Santiago Guaychá, Lorenzo Purey, Matías Abucú, Miguel Abiyú, Andrés Guayaré, Juan Bautista Cabral, Juan de Dios Abayá, Miguel Chepoyá, Félix Bogado, como asimismo Siyá, Pindó, Ybarapá, Ybayú, Mboatí, Pachoá, Periverá, Guaycurarí, Areguatí, Cumandiyú, Uré, Cuzú, Monduré, Tamay, Tabaré, Nambú, Mborecó, Caaliug, Cuibaré, Baibé y Ravié entre otros muchos.
      – El trato que como Gobernador de Cuyo el Libertador le propinó a los pehuenches, reconociendoles sus ocupaciones territoriales y forma de vida. Es más que ilustrativo el relato de Manuel de Olazabal sobre la reunión mantenida entre San Martín y los caciques de esa nación en El Plumerillo en 1816: Según ese autor San Martín les explicó lo siguiente a los caciques allí reunidos: “que los había convocado para hacerles saber que los españoles iban a pasar de Chile con un ejército para matarlos a todos y robarles sus mujeres e hijos. Que en vista de esto, y siendo también él indio, iban a pasar los Andes con todo su ejército y cañones para acabar con los godos que les habían robado sus tierras a sus padres. Pero para poderlo hacer por el sur, como pensaba, necesitaba el permiso de ellos, que eran los dueños…”. Salvo tres caciques, el resto aceptó el pedido del Libertador. San Martín relata a su amigo Tomás Guido esta reunión: “concluí con toda felicidad mi Gran Parlamento con los indios del sur; no solamente me auxiliarán al ejército con ganados, sino que están comprometidos a tomar una parte activa con el enemigo”. Este apoyo se materializó durante la gesta del Cruce de los Andes.
      – Al estar encargado de la liberación del Perú, realiza una proclama en quichua, aymara y castellano que en una parte dice: “os manifestareis dignos compatriotas y descendientes de Manco Capac, de Guayna Capac, de Tupac Yupanqui, de Paullo Tupac, parientes de Tupac Amaru, de Tembo Guacso, de Pampa Cagua. Feligreses del Dr. Muñecas y que cooperareis con todas las fuerzas al triunfo de la expedición libertadora, en el cual están envueltos vuestra libertad, vuestra fortuna, y vuestro apacible reposo, así como el bien perpetuo de todos vuestros hijos. Tened toda confianza en la protección de vuestro amigo y paisano el general San Martín”. Consecuente con sus promesas, el 27 de agosto de 1821, ya lograda la victoria sobre los realistas, decreta “después que la razón y la justicia han recobrado sus derechos en el Perú, sería un crimen consentir que los aborígenes permaneciesen sumidos en la degradación moral a que los tenía reducido el Gobierno Español, y continuasen pagando la vergonzosa exacción, que con el nombre de tributo, fue impuesta por la tiranía como signo de señorío”. En el artículo 4 de ese decreto que los libera del tributo que se le imponía a los indígenas, señala “En adelante no se denominarán los aborígenes, indios o naturales; ellos son hijos y ciudadanos del Perú, y con el nombre de Peruanos deben ser conocidos”. Este decreto le costaría al Libertador ganarse la enemistad de la oligarquía limeña, la que veía amenazados sus intereses que estaban basados en la explotación de los indígenas y de las tierras que ocupaban, ya que los ponía en pie de igualdad con ellos mismos, cosa que era coherente con las ideas de la Ilustración que abrazaba del Libertador.
      – San Martín, había suprimido el tributo, eliminado la mita, la encomienda y el yanaconazgo y elevado a la condición de ciudadanos a todos los indígenas del Perú, homenajea a los pueblos originales y sus sacrificios en la lucha por la emancipación reedificando la ciudad de Cangallo (poblado casi totalmente habitado por indígenas y objeto de las represalias realistas por su apoyo a la revolución) otorgándole el título de “Villa Heroica”.

      Estos preceptos están presentes en el ideario de los padres fundadores de nuestra nacionalidad, en especial en los formados en la Ilustración, y siempre estuvieron en tensión con el de aquellos revolucionarios partidarios del orden castizo colonial que solo abrazaron la causa libertadora como una forma de mantener sus privilegios, o lograr otros pudiendo mantener nuevas relaciones comerciales antes prohibidas por la Corona. Luego la historiografía mitrista se encargaría de borrar todo vestigio de estos ideales en pos de mantener los intereses de los sectores sociales terratenientes que se habían formado a partir de la ocupación de territorios indígenas, privando a sus habitantes originarios de sus más elementales derechos, y muchas veces asimilandolos como mano de obra esclava o cuasi esclava en sus explotaciones.

      Cuesta entender este tipo de organización porque la misma élite político-económica a la que Mitre sirve se encarga de borrar los vestigios del estado plurinacional imaginado por los libertadores, al tiempo que se propicia la construcción de un Estado-Nación de tipo uninacional más ligado al modelo del Estado moderno europeo. En este tipo de Estado toda diferenciación conspira contra la idea de centralidad que preconiza, dado que esta centralidad favorece a los sectores de una oligarquía que ocupan los principales resortes de poder del Estado, en tiempos en los cuales el modelo de esta clase dominante tenía por objetivo “integrarse al mundo” como país productor de materias primas, al tiempo que recibía los productos de la industria europea, y basado en ideas racistas originadas en la misma Europa para mantener su dependencia cultural que era la base de su dominio económico. Hasta trata de reemplazar la población local -sea indígena o criolla- por inmigrantes europeos, con la falsa idea que los hijos de América eran “vagos por naturaleza” mientras los europeos habían sido capaces de edificar sus imperios por sus “laboriosos habitantes”, desconociendo en esto el papel jugado por todas las riquezas americanas expoliadas que posibilitaron durante siglos financiar el desarrollo de la antigua y atrasada Europa. Sarmiento llegará al extremo al declarar que el único uso productivo de la sangre de un gaucho era abonar la tierra para que la trabaje un europeo. Consecuente con sus ideas, en su presidencia serán asesinados en distintos conflictos más de 30.000 connacionales, la matanza más importante de nuestra historia en relación a la cantidad de población, seguida solo por la efectuada por la dictadura del Proceso de Reorganización Nacional.

      Esta idea unívoca de Estado-Nación solo será puesta en cuestión en los últimos años, y no por causas locales, sino por la misma degradación mundial del Estado-Nación moderno suscitada a partir de la globalización del poder económico. Como señalan distintos autores, ese movimiento globalizador del capital provoca como reacción la aparición de movimientos locales que tratan de hacerle frente a sus efectos nocivos de distintas formas, desde las del nacionalismo tradicional y xenofobo (caso europeo) hasta otras más radicales como los movimientos segregacionistas de pequeños territorios, en algunos casos apoyados por los estados que propician la globalización (Kosovo, Estado Islámico, Chechenia, etc.), mientras que por izquierda se desarrollan movimientos antiglobalización, en defensa de la tierra campesina, el medioambiente, etc.

      De este cóctel resurge el indigenismo como reivindicación de poner la tierra en favor de sus intereses, ligados a lo local y tradicional, en vez de servir aquella a intereses internacionales, pero ese novedoso interés por el tema en algunos casos algunas dudosas ONG foráneas que apadrinan a algunos lideres de estos movimientos basados en la fiebre antiglobalizadora no debe desconocer ni opacar que el reclamo por las tierras ancestrales viene de larga data, sobre todo después que las mismas fueran ocupadas de tal forma que han perjudicado enormemente el modus vivendi de estas comunidades. Es decir, el movimiento antiglobalizador pone en escena, visibiliza, a los reclamos indígenas antes silenciados por los estados uninacionales, y si bien en algunos casos alguno de ellos puede tratar con ello de meter la cola y avanzar en aspectos segregacionistas, o el de algunos pícaros que se montan en este reclamo sin ser indígenas solo para ver si ligan algo de tierra, de ninguna manera esta es la idea de la mayor parte de las comunidades indígenas que luchan por el reconocimiento de sus derechos.

      Entonces, cuando hablan de “nación” se refieren a esa idea de lo colectivo, de reconstituir su forma de vida por fuera de la vorágine consumista de la economía occidental, de intentar otra forma de ser y estar en el mundo que no sea la que les plantea el capitalismo occidental o una idea de nación unívoca que no los incluye. Nuestro país, a partir de la reforma constitucional de 1994, trata de avanzar en esta senda a través de lo acordado por unanimidad de los constituyentes en el artículo 75 inciso 17 a partir del reclamo de muchos de los pueblos originarios presentes en la Convención Constituyente (pilagá, wichí, toba, mocoví, guaraní, kolla, calchaquí, huarpe, chané, tapiete, chorote, mapuche, tehuelche y ona). Este texto, reemplazante al antiguo art. 67 inc. 15, dice textualmente: “[Corresponde al Congreso] Reconocer la preexistencia étnica y cultura de los pueblos indígenas argentinos; garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades; la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, ninguna de ellas será enajenable, trasmisible ni susceptible de gravámenes o embargos; asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.

      Lamentablemente desde 1994 a la fecha es poco lo que se ha hecho para operativizar estos derechos ahora reconocidos en nuestra Carta Magna, parte por los intereses económicos que esto afectaría, pero también en parte porque en determinadas sociedades del interior -sobre todo las norteñas- la cuestión todavía provoca fuerte recelos de orden racial, producto de los resabios del orden castizo de la colonización hispánica que aún subsiste fuertemente en sus sociedades, mientras que en otras -como las bonaerenses, pampeanas o patagónicas- todavía subsiste el recelo con estos pueblos derivado de la acción cultural de la generación que posibilitó la “Campaña al Desierto” con la excusa que el tehuelche secuestraba mujeres para esclavizarlas y el mapuche no era originario de aquí sino que constituye una velada invasión chilena, basada en mapas ingleses y franceses del siglo XIX, en fin, un delirio conspiranoico para justificar las atrocidades que se cometen en defensa de los intereses de las multinacionales extranjeras que ocupan estos territorios (escribiendo esto me pregunto que es lo malo que habrán hecho los onas o alaluf para ser borrados del mapa por los colonizadores europeos).

      Sintetizando, los fantasmas atribuidos al indigenismo han sido construidos desde los sectores contrarios al reconocimiento y ejercicio de sus derechos, sin que medien razones serias que fundamenten esos temores. Da la casualidad que la mayor parte de los contrarios a las reivindicaciones indígenas de una forma u otra se hallan ligados a la explotación de los recursos naturales locales para su comercialización foránea, sean directamente empresas petroleras y mineras como productores agrícolas, ganaderos o forestales que exportan la mayor parte de su producción. Uno podría pensar que los indígenas son pícaros y reclaman estas tierras por esos recursos, pero también da la casualidad que la mayor parte de estos reclamos viene desde hace mucho tiempo, justamente desde que fueran desplazados de ellas por esos actores para posibilitar tales explotaciones, dado que en su cultura ello no podría haberse realizado de la forma en la que se lo hace.

      Por eso esta cuestión es tan conflictiva, y carece de la posibilidad de una rápida resolución, incluso en Bolivia y Ecuador, con gobiernos que apoyan sin reparos al indigenismo, han surgido conflictos de este tipo cuando una ruta troncal debió pasar por tierras indígenas, o los yacimientos petroleros afectaban al hábitat de tribus cazadoras y recolectoras. Pero en una democracia que se precie de tal los derechos de las minorías deben ser respetados sin afectar negativamente a las mayorías, y ello obliga al mismo Estado a tener que negociar con estas comunidades, tal como el mismo Libertador lo proclamaba y lo ha hecho con los pehuenches, de igual a igual, porque el Estado no es más que el representante de toda la ciudadanía, incluyendo a los indígenas. Si no se transita este camino de inclusión de derechos, es probable que el desprecio y la represión constante aliente en algunos el deseo de segregación, deseo que con el tiempo puede crecer hasta transformarse en una meta. Lo que suceda de todos nosotros depende.

      Saludos. Ernesto

      • tamargento // 12 agosto, 2017 en 7:34 am //

        Estimado Gonzalo, a pesar de lo compleja que es la realidad, me resulta llamativo y difícil de conciliar lo que afirma en la primera parte de su mensaje con las consideraciones que hace en la última, en verdad me parece que hay contradicciones entre ambas posturas que merecen aclararse.

        En primer lugar no entiendo a que viene que los distintos pueblos indígenas “guerreaban y se esclavizaran entre ellos”. Obviamente que por ser seres humanos no escapan a su esencia, pero la esencia del ser humano no es guerrear ni andar esclavizando a los demás, sino por el contrario en la mayor parte de los casos ayudarse a afrontar los desafíos de la vida en la naturaleza. Si no hubiera sido así la Humanidad hubiera colapsado tras una de las grandes glaciaciones, en la cual solo llegaron a sobrevivir menos de 10.000 ejemplares de nuestros ancestros. En la forma en la que lo plantea pareciera que con ello se justifica que porque algunas tribus del norte hubieran sido esclavizadas por los agresivos incas, o porque tehuelches y mapuches en ocasiones han tenido refriegas entre sí -alguna de ellas atizada por terratenientes como Rosas-, la dominación a la cual fueran sometidos los pueblos indígenas por los conquistadores europeos aparezca como un hecho “propio de la naturaleza humana”. De ser este el caso un ideólogo del nazismo no podría haber realizado mejor tal paralelismo, solo faltaría agregar el derecho del más fuerte a someter al más débil. Por favor le solicito que amplie este particular para aclarar la idea, porque al menos a mi no me cierra demasiado lo que expresa.

        Lo siento si duda de las declaraciones contra La Cámpora en el desalojo de la comunidad Qom del acampe en la Avenida de Mayo y 9 de Julio, pero resulta que quien denuncia ese hecho realizado por jóvenes de esa agrupación junto a la PFA -aparte de estar filmado- es la misma Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora (ver https://www.youtube.com/watch?v=Ly1P2ajCvn8), quien se encontraba en el campamento Qom brindando su apoyo al reclamo en ocasión de producirse el desalojo. Tal vez Ud no recuerde el suceso, pero tras el apoyo de los sectores del gobierno kirchnerista a la primera movilización de los Qom, cuando al tiempo se produce un nuevo reclamo por las promesas incumplidas y la represión de las comunidades Qom y Wichí, tal apoyo se transformó en primero en desconocimiento de la nueva movilización, y más tarde en franca oposición, sobre todo cuando el gobierno de CFK debió pulsear con el Gobernador Isfran el cambio del jefe de Gendarmería en Formosa, ligado al gobernador y responsable de los principales acosos a estas comunidades en favor de hacendados amigos. Luego de que esa oposición se transformara en la descalificación de la protesta -utilizando para ello principalmente el programa “6, 7, 8”- y en la agresión verbal, y al día siguiente que tuviera una reunión con el ministro Randazzo en donde le prometiera la remoción de ese funcionario de GN, sin que nadie los llame los militantes de La Campora, comandados por el “Cuervo” Larroque y custodiados por la PFA aparecen con camiones y comienzan a desmantelar el campamento bajo la atónita mirada de los presentes. Si busca en la web está todo documentado, creo que con eso se puede sacar la duda.

        He tenido la posibilidad de tratar personalmente con Felix Díaz y le puedo asegurar que no ha cambiado un ápice sus posiciones desde cuando era apoyado por el gobierno de CFK o luego que sea denostado por el mismo, Sus reclamos siempre han estado en la línea de denunciar los abusos a su comunidad por parte de las FFPP y las FFSS, así como de patotas parapoliciales, siempre a favor de hacendados o miembros de comunidades indígenas ligadas a los gobiernos de Chaco y Formosa, las cuales hace tiempo han abandonado el estilo de vida tradicional adoptando costumbres de los denominados “criollos”. El mismo Díaz y miembros de su familia han sido objetos de esos ataques, y si recorriera esas comunidades no dudaría de sus dichos porque notaría que allí las cosas son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a vivir aquí en Buenos Aires, son sociedades semifeudales con una estructuración por castas bastante rígidas, y en la cual los indígenas tienen un estatus apenas mayor al de algunos animales. Seguramente los “no precisamente rubios y de ojos celestes” que conoció y que defendían al gobierno de Isfran no se verían a sí mismos como integrantes de estas comunidades indígenas que abogan por mantener su estilo de vida tradicional no occidentalizado, pues en tal caso poco bueno podrían contarle de don Guido y las patotas que responden a sus amigos hacendados. Me gustaría conocer cuales son las “grosas” políticas sostenidas por Isfran para los pueblos indígenas, porque las veces que estuve en Formosa realmente no las ví, al menos en aquellas comunidades que pretenden mantener su estilo ancestral de vida, como lo determina el derecho reconocido constitucionalmente.

        Que Correa y Morales (Evo el bueno, no el gobernador de Jujuy que mantiene encarcelada salvajemente a una dirigente indígena) hayan denunciado a esas ONG financiadas desde el extranjero con fines oscuros no quiere decir que hayan abandonado un ápice en la promoción de los derechos de los pueblos indígenas. Justamente promover esos derechos implica reconocerles pleno estatus político, y eso incluye el derecho a no pensar lo mismo que el gobierno, sobre todo en los temas que pueden afectar a su forma de vida tradicional. En función de ello es natural que a veces se produzcan conflictos de intereses y disputas a partir de los mismos, pero en ninguno de esos casos tales conflictos han terminado con el envío de una fuerza para reprimir salvajemente a los indígenas e imponerles sus condiciones, siendo las excepciones que confirman la regla el caso de la carretera amazónica boliviana que derivó en la represión de una marcha, hecho sobre el que ese mandatario luego pidiera disculpas públicamente y desistiera del proyecto, mientras que en Ecuador el caso más grave es el desalojo de un grupo de la etnia shuar de un yacimiento minero chino, pero ello no derivó en matanzas de indígenas ni mucho menos (por el contrario, el único muerto resultó un uniformado aparentemente por un disparo accidental). En nuestro país la represión es sistemática, y más de una vez termina en indígenas muertos o heridos en causas caratuladas de cualquier forma para disimular la responsabilidad estatal o paraestatal en dicha represión.

        Aparte creo que estaremos de acuerdo en que el desarrollo económico no debe ser incompatible con otros derechos constitucionales como el cuidado del medio ambiente o garantizar a los pueblos originarios el hábitat adecuado para desarrollar su estilo de vida, respetar estos derechos en su conjunto es lo que nos va a permitir desarrollarnos de forma racional, equilibrada y sustentable humanamente y no siguiendo la ruta del capitalismo depredatorio que se preocupa solo por la producción cagándose en las consecuencias humanas de la misma; así como tampoco hay que hacerle el juego a quienes dicen abogar por la preservación del ambiente cuando en realidad lo que están haciendo es asegurar reservas de futuras áreas de rapiña por parte del capital concentrado trasnacional, sea por los recursos naturales con los que cuentan los mismos, o por su mismo recurso como valor paisajístico. No sea cosa que por preocuparnos en que los indígenas no sean poseedores de estas tierras se nos escape que las mismas terminen siendo utilizadas como garantía de colocaciones internacionales de deuda pública con prórroga de jurisdicción, como ha sucedido recientemente con los recursos de hidrocarburos a los que el gobierno de Macri quitó por decreto su estatus de Bienes Eminentes del Estado y por ende ahora pueden ser embargados por los buitres en caso de default de esa deuda, lo que puede ocurrir más temprano que tarde.

        Sobre la Campaña al Desierto, “desierto” que no era tal ya que estaba habitado por miles de ranqueles, mapuches y tehuelches (unos 50.000 según crónicas de la época) que fueron masacrados o esclavizados, como lo reconoce la misma Comisión Científica que acompañaba a la Expedición al Río Negro, que da cuenta de 14.000 indígenas asesinados o tomados como prisioneros solo en esa expedición. A los prisioneros varones se los utilizó como mano de obra esclava o semiesclava en los nuevos latifundios patagónicos en manos de los principales oficiales y políticos a cargo de la campaña, o en viñedos mendocinos, ingenios tucumanos o picando piedra para el empedrado porteño en Martin García; a las mujeres se las entregaban como “chinas” para quehaceres domésticos en la ciudad o en establecimientos rurales, y sistemáticamente eran separadas de sus hijos, que iban a parar a diferentes lugares para diferentes tareas de trabajo esclavo infantil. Esto luego de que las “chinas” fueran violadas por la soldadesca, los prisioneros sometidos a marchas forzadas que mataron a cientos, y otros muchos ajusticiados o mutilados en cautiverio, y vejámenes de todo tipo que incluso fueron denunciados por el mismo Mitre y parte de la prensa en esa época.

        Como he dicho, con la salvedad de algunas reservas fiscales, la mayor parte del territorio “conquistado” fue repartido como botín de guerra entre los oficiales superiores de la campaña o entre los principales dirigentes políticos del gobierno: Julio A. Roca se adjudicó bajo su “Ley de Premios” unas 15.000 ha (que luego llegarían a las 220.000), mientras que los soldados recibían entre 100 y 200 ha cada uno de terrenos poco productivos, por lo que la gran mayoría de ellos terminó vendiéndolos a sus jefes o inmigrantes (en su mayor parte ingleses o galeses), o usándolos para pagar deudas con sus hacendados, Junto a esas tierras eran confiscados los ganados en poder de los indios, lo cual hizo a varios de estos terratenientes además en prósperos ganaderos. El secreto de esta operación está en los bonos que se emitieron para financiar la campaña, que daban a su poseedor la facultad de apropiarse de 2500 ha de tierra una vez terminada la operación. Como estos bonos fueron comprados por las familias pudientes en su mayor parte, el resultado fue que 40.000.000 de ha quedaron en manos de 3.000 familias, entre ellas Martinez de Hoz (2.500.000 ha), Pereyra Iraola, Anchorena (92.000 ha), Roca (220,000 ha) o Unzué (270.000). Tampoco quedaban afuera de este reparto los extranjeros, pues los Drysdale disponían de 320.000 ha, la South American Land Co. unas 240.000, Duggan 140.000, Alston 85.000 y Ricketts y Shaw 70.000 cada uno, por no seguir con el amplio listado de Gaignard (ver http://www.casadelbicentenario.gob.ar/ecoypol/economia-y-politica/wp-content/uploads/2011/catalogo230/m-agroexportador/guion-historico.pdf, pag 26 y 26).

        La supuesta amenaza de la invasión chilena aprovechando una eventual alianza con los indios era una mera excusa para justificar esta campaña que no hacía más que las emprendidas antes por Rosas o Martín Rodriguez: utilizar al indígena como excusa para acrecentar el stock de tierra en manos de los gobernantes y sus allegados. A partir de esta concentración terrateniente surgiría la oligarquía rentística que literalmente tirara manteca al techo para divertirse en sus fiestas parisinas y por ello -y no por culpa del gaucho- arrojara por la borda la posibilidad de nuestro desarrollo económico en base a la industrialización, es la que luego se implementará en el monte chaqueño por parte de las explotaciones forestales (como bien lo demuestra el filme Quebracho), y ese modelo será utilizado en cada una de las expansiones territoriales en lo que hoy constituye nuestro estado nacional. Una vez consolidados sus límites externos comienza la expansión fronteras adentro con el mismo esquema, el indio es desplazado sistemáticamente de sus tierras, y estas dadas en explotación a criollos o extranjeros.

        Esta práctica es la que se ha naturalizado a tal nivel que ya nadie se rasga las vestiduras porque alguna comunidad indígena sea desplazada de su terruño por hacendados que buscan ampliar el área de cultivos de soja o la ganadería, o bien por explotaciones forestales en manos de grandes empresas, como la de Soros en Santiago del Estero. Cientos de miles de ha antes ocupadas por indígenas en la Patagonia están en manos de terratenientes globales como Lewis o Benetton, y cuando una comunidad ocupa una parte improductiva de las mismas como forma de protesta es salvajemente reprimida. No mejor destino tienen estos indígenas al comenzar a deambular por diferentes lugares para tratar de ganarse el sustento, de forma tal que muchos de ellos terminan engrosando las villas en las periferias de las grandes ciudades, en donde son además discriminados por su nueva condición de “villeros”. A medida que mayor superficie de tierra entra en el juego de la economía global, el precio de la misma aumenta, se incorporan a la producción mayores superficies antes marginales, y aumenta el proceso de concentración de la tierra, así como la extranjerización de la misma. Este proceso a su vez significa una mayor presión sobre la tierra -antes marginal- ocupada por indígenas y pequeños campesinos, los que son desplazados por diferentes argucias ilegales y delictivas (como títulos fraguados, agresiones y amenazas), acelerando el proceso y agravando la situación. Por ello urge consolidar la posesión de la tierra por parte de grupos de indígenas y pequeños campesinos, porque son los sectores más vulnerables en este proceso.

        Esta problemática es la que subyace a la represión que termina con la desaparición forzada de Santiago Maldonado por parte de la Gendarmería Nacional. Como señalé antes, no hay nada en este caso que no hubiera sucedido antes en alguno de los tantos conflictos por la tierra que hay con los indígenas, solo que este caso ha tenido mayor repercusión púbica. Tengo mis dudas sobre si tal repercusión pública hubiera sido similar si el desaparecido no hubiera sido este noble muchacho de ascendencia étnica caucásica, sino que hubiera sido un miembro de la comunidad mapuche.

        Saludos. Ernesto

  2. Creo que el tema de los indígenas es mucho mas complejo. Antes de los españoles ellos mismos eran “conquistadores” e “imperialistas” que se guerreaban, se invadían y esclavizaban entre ellos. En definitiva, son seres humanos y no escapan a su esencia. Dudo de esas acusaciones contra La Cámpora, dudo más todavía de Félix Díaz y estoy totalmente en contra de la Nación Mapuche (como Estado independiente de Argentina y Chile). He conocido numerosos formoseños (y no precisamente rubios de ojos celeste) que me he han hablando bien de Insfrán. Me han comentado cosas muy grosas de este gobernador, incluso de las políticas públicas que como Estado provincial sostiene hacia los pueblos indígenas. El mismo gobierno boliviano y ecuatoriano (el de Morales y el de Correa) han denunciado a ONGs británicas y norteamericana como promotoras de protestas indígenas, que en nombre de mantener sus tierras y la naturaleza intacta no permiten el desarrollo económico de esos dos países (caso Tipnis, por ejemplo). Tampoco estoy del todo de acuerdo con la lectura sobre la Campaña del Desierto de Roca (aunque reconozco ciertas verdades de lo que aquí se dice). Sin embargo, a pesar de ello, como afirma DiegoT3, estoy de acuerdo con muchas reivindicaciones de muchos pueblos indígenas. Considero que muchas de ellas son ciertas y genuinas, y, lamentablemente, el Gobierno Central históricamente no ha tenido interés en ello. Esa imagen de Argentina como hija de la inmigración, centrada en la región pampeana y moldeada bajo el esquema de civilización vs. barbarie, donde la civilización es lo europeo y lo barbaro lo hispano-criollo-indiano, ha rebajado al indígena a una categoría subhumana no merecedor de derechos y condiciones de vida digna según sus cosmovisiones, cultura y formas de ver el mundo. Por su parte, lo que paso con Santiago Maldonado es una aberración y espero que aparezca con vida. Estas cosas no se pueden permitir, gobierne quién gobierne.
    Saludos
    Gonzalo

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