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Desaparición de Santiago Maldonado

El gobierno nacional pasa del negacionismo a la represión
Por Horacio Verbitsky
Macrì tiene su primer desaparecido: Santiago Maldonado, detenido en Esquel por la Gendarmería. El jefe de gabinete de Patricia Bullrich, Pablo Noceti, encabezó el procedimiento luego de anunciar que detendría a los miembros del RAM mapuche sin intervención judicial. Ex defensor de represores que equiparó justicia con venganza, también implicó a Pérez Esquivel, a extremistas kurdos y al anterior gobierno. Pasos solo formales de una investigación que se presenta como búsqueda de persona extraviada.
 jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, encabezó en forma personal la operación represiva de la Gendarmería Nacional en Esquel contra quienes reclamaban por la detención ilegal del líder mapuche Facundo Jones Huala y que culminó con el primer detenido-desaparecido bajo la presidencia de Maurizio Macrì, Santiago Maldonado, por cuya suerte el Centro de Estudios Legales y Sociales pidió la urgente intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Noceti anticipó en dos entrevistas radiales que todos los integrantes de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) serían detenidos y se jactó de que lo haría el gobierno nacional sin la intervención de un juez, que consideró innecesaria. Sus palabras autoincriminatorias cobrarían muy pronto una dimensión ominosa. En una ensalada conceptual que arroja dudas sobre su estabilidad psíquica, Noceti implicó en los hechos de violencia que atribuye al RAM mapuche al premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, a “gente vinculada al gobierno anterior” y a “extremistas kurdos”. Cuando Patricia Bullrich colocó a Noceti como jefe de gabinete de su Ministerio, los organismos defensores de los Derechos Humanos señalaron que como abogado defensor de militares procesados por crímenes de lesa humanidad, Noceti había cuestionado los juicios como una venganza política y discutido la imprescriptibilidad de esos delitos. El juez federal Guido Otranto, que intervino en un hábeas corpus a favor del detenido-desaparecido Maldonado, separó de la investigación a la Gendarmería, tal como prescribe el protocolo de actuación del Ministerio Público Fiscal de la Nación y dispuso que la Prefectura Naval realizara un rastrillaje en la zona donde Maldonado fue visto por última vez, que no arrojó resultado. Desde el año pasado, el Ministerio de Seguridad intenta clasificar a la RAM mapuche como una organización terrorista, pese a un fallo en contrario emitido por la Corte Suprema de Justicia. La Corte rechazó la aplicación de la ley antiterrorista al tío de Facundo, Martiniano Jones Huala, y remitió a la justicia de Chubut la causa por abigeato y usurpación.
Facundo Jones Huala fue detenido el martes 27 de junio, tres horas después de concluida en Santiago la reunión entre Macrì y su colega de Chile, Michelle Bachelet, que solicita la extradición de Jones Huala por el incendio de un fundo en aquel país. El 1º de septiembre de 2016 el juez Federal Otranto declaró nulo el juicio de extradición, porque la detención de Jones Huala se logró por información brindada bajo torturas por Gonzalo Cabrera y por los seguimientos previos ilegales realizados por la Policía Federal y por la Agencia Federal de Información. El día anterior, Bullrich dijo que no consideraba los reclamos de los pueblos originarios por sus tierras ancestrales un derecho garantizado por la Constitución sino un delito federal y atribuyó a la Resistencia Ancestral Mapuche “hechos delictivos como usurpaciones de territorios, incendios, daños, amenazas”. El 16 de noviembre de 2016 se publicó en esta página un Power Point del Ministerio de Seguridad fechado el 30 de agosto, en el que afirma que la “problemática mapuche” consiste en que “se arman comunidades” (sic) y “se toman tierras en zonas petroleras o gasíferas impidiendo constantemente la normal explotación de los pozos. Estos delitos de usurpación, turbación en la posesión y extorsión afectan un servicio estratégico de los recursos del estado: han estado detenidos 200 pozos (según informó YPF)”. 
El mes pasado Bullrich se dirigió en forma directa a la Corte Suprema, cuestionando la prueba por la que Otranto anuló el primer juicio. Lo hizo con un escrito, en el que afirma que Gonzalo Cabrera no fue torturado y con un video grabado durante su declaración ante la policía. Efectivamente, se lo ve hablando en calma sin que nadie lo presione. Pero esta inaudita acción de lobby del Poder Ejecutivo sobre la Corte Suprema no pudo ocultar las marcas de los golpes con que lo persuadieron de prestar esa declaración ante la cámara. La semana pasada, a pesar de la intervención irregular de Bullrich, que no era parte en el expediente, la Corte Suprema confirmó la nulidad. No obstante, la justicia federal se propone realizar un segundo juicio por la misma causa. La defensa de Jones Huala objeta que se trata del mismo objeto y la misma persona, por lo cual no corresponde repetir el juicio.
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5 Comentarios en Desaparición de Santiago Maldonado

  1. La “cuestión indígena” en América Latina aparece ya desde los “documentos Santa Fe” de la época de Bush padre, cuando los EEUU se hallaban a la búsqueda de “nuevas amenazas a la seguridad nacional” que justificasen el mantenimiento de su aparato industrial-militar una vez caído el Muro de Berlín, como una de las HHCC a las que deberían enfrentarse los aliados de los EEUU en esta parte del continente, pues sus reclamos por los territorios necesarios para mantener su forma de vida por lo general coincidían con tierras en poder de compañías norteamericanas o de otras locales que exportaban su producción primaria a los EEUU, por la sencilla razón que la mayor parte de esas tierras habían sido ocupadas desalojando a los pueblos que vivían en ellas, mayormente indígenas.

    Desde ese momento las FFAA y FFSS locales hicieron propia esa HC, no porque les fuera ajena, sino porque de esa forma validaron décadas -y hasta siglos- de intervenciones y matanzas sistemáticas dirigidas contra la población indígena, una de las fuertemente discriminadas por los sectores de la sociedad que se ven como “criollos” o descendientes de europeos. En nuestro país, son pocos los gobiernos que desde la conquista hispánica a la fecha no han mirado con desconfianza al “indio” o lo han reducido para provecho propio, sea de su fuerza de trabajo, o del territorio que ocupaba. No se salvan de esta ni los virreyes españoles, ni Rosas (que emprende las primeras campañas para ganar territorio para sus amigos ganaderos), ni la infame y sangrienta “Campaña al Desierto” que no era tal sino una masiva toma de tierras para sectores terratenientes, ni los gobiernos del Centenario que hacen lo propio en la región del Chaco, tampoco Perón, que sube en 1946 por la fuerza a trenes que los dejan como semiesclavos en el ingenio Ledesma a los miembros de distintas comunidades participantes de la primera gran manifestación pacífica indígena a Buenos Aires, denominada “Malón por la Paz”, o al año siguiente la masacre de los Pilagá en el paraje Rincon Bomba en Formosa, o más recientemente en las sucesivas dictaduras de las acciones policiales o de la GN contra comunidades indígenas del Chaco, o patagónicas para desplazarlos y entregar sus tierras a hacendados “criollos”, lo cual se ha incrementado en los últimos años en favor de la expansión de la frontera agrícolo-ganadera de la mano de la sojización y del subsecuente incremento del precio de la tierra, a lo que en la anteúltima década de la mano del aumento del petroleo se ha sumado la ocupación de las tierras con petroleo que ahora, por el desarrollo del fracking y los precios de mercado, antes no convenía extraer. En esta etapa fué conocido el IIº “Malon por la Paz” de 2006 en Jujuy por el reclamo de tierras, y la protesta con acampe en la Av de Mayo del cacique Félix Díaz de 2015, levantada por la PFA con ayuda de La Cámpora con la acusación que la motivación era política por parte de la oposición para “ensuciar” al gobernador Isfran, quien con sus patotas acosaba -y acosa- a las comunidades qom, pilagá, wichí y nivaclé, lo mismo que la policía de esa provincia y la chaqueña.

    Por idénticos motivos en favor del interés económico trasnacional en la otra parte de la cordillera los Carabineros y fuerzas policiales chilenas han reprimido fuertemente, y a partir de eso en algunos casos luego tenido frecuentes enfrentamientos con comunidades indígenas, las que en los últimos años se han ido organizando como forma de resistencia pasiva, a pesar de lo cual algunos grupúsculos menores han elegido pasar a la acción directa, como lo es el caso de Jones Huala, un personaje que parece actuar más por resentimiento a su padre estanciero inglés que en defensa de la cultura ancestral de su madre mapuche, empleada de su padre. El accionar de este dirigente y de sus pocos seguidores tiene que ver más con lo vandálico que con aspectos reivindicativos, pero los delitos menores que comete en uno u otro lado de la cordillera han sido más que suficientes para que los gobiernos nacionales y locales de ambos lados lo traten de “terrorista”, y de esta forma transformando un delito contra la propiedad o una contravención en una cuestión de seguridad nacional, o sea, siguiendo al pie de la letra el texto y recomendaciones de los documentos de Santa Fe en esta cuestión, desconociendo que el derecho de los indígenas a sus territorios ancestrales es un derecho reconocido expresamente por nuestra Constitución Nacional, siendo ésta en este sentido la línea de nuestros padres fundadores que no solo reconocían a los indígenas la ocupación y uso de sus territorios, sino que inclusive hicieron imprimir la Declaración de la Independencia en castellano, quichua y aymara, reconociendo nuestra esencia pluricultural, y que por ello le valió el apoyo de casi todas las comunidades indígenas al proceso emancipador.

    En este marco puede entenderse como es que a partir una protesta en el centro de Bariloche las FFPP y FFSS eligen no solo reprimir a los manifestantes, sino también actuar “preventivamente” y sin orden judicial alguna -tal como lo informa el mismo cronista del diario Clarín- yendo a cada una de las comunidades indígenas de la zona para evitar que los miembros de otras comunidades pudieran sumarse a la protesta. En uno de esos operativos la GN entra a mansalva en un campamento de la RAM en tierras de una multinacional, y en la represión subsiguiente atrapa a Santiago Maldonado, un artesano de la zona que, a pesar de ser “blanco” tenía buena relación con las comunidades indígenas de la zona y los apoyaba en su reclamo en el acampe, para luego subirlo a una camioneta de GN y llevarlo con rumbo desconocido.

    Desde ese momento Santiago Maldonado se encuentra desaparecido, siendo el segundo desaparecido conocido en democracia junto a Julio Lopez. La diferencia entre ambos es que con Julio Lopez el gobierno anterior mostró preocupación aunque no haya hecho más que pegar carteles en patrulleros y ofrecer recompensas, mientras que con este gobierno la reacción inmediata fue negar el hecho con similares argumentos a los que antes se utilizaban para negar las desapariciones en épocas del Proceso.

    Pero la de Lopez y Maldonado no son las únicas desapariciones en democracia, estas se suman a las de ignotos indígenas atrapados y desaparecidos por patotas de criollos, FFPP o FFSS, que en algunos casos luego aparecen muertos al costado de rutas o caminos, o en otros ni siquiera eso, porque a los ojos de nuestra Justicia sus asesinatos o desapariciones casi siempre están ligadas a “ajuste de cuentas”, “asesinato en riña”, “fuga del hogar” o cuestiones por el estilo, es decir, argumentos similares a los que usaba la justicia del Proceso para decir que muchos desaparecidos o asesinados por las FFAA o FFSS lo eran en “enfrentamientos” y no a causa del brazo armado del Estado una vez que esos combatientes -cuando lo eran, ya que la mayor parte de los 30.000 desaparecidos jamás tocó un arma- estaban ya reducidos y a disposición de las supuestas fuerzas del orden, o bien se argumentaba que “estaban de paseo por Europa”. Argumentos similares se utilizan en los casos de “gatillo fácil” para justificar el exterminio de 300 jóvenes pobres por año en nuestros barrios desangelados, se ve que son poco imaginativos algunos funcionarios públicos a la hora de encontrar excusas para su accionar execrable, pero si un candidato a senador en plena campaña se ufana de “meter un pibe preso por día” como un logro de gestión, ya sabemos a que atenernos, y desde que lado del mostrador se está ejerciendo el famoso “terrorismo” que algunos funcionarios buscan con ahínco que se produzca para dar rienda suelta a los planes represivos en carpeta.

    Por hechos como estos si vivimos en demoracia, esta lo es de baja calidad, y ni hablar de estar en un estado de derecho cuando las garantías fundamentales del ser humano, entre ellas la primordial que es la vida, no merece ni la más mínima preocupación de nuestros funcionarios, distraídos en otras cuestiones menores, o bien al servicio de sus intereses particulares o el de los extranjeros. Hay veces en las cuales ser argentino duele mucho, y esta es una de esas.

    Saludos. Ernesto

  2. Que decir sobre este hecho. No hay mucho más para agregar acerca de lo que ya dice TAM. Para destacar, la rápida aparición en la noche de ayer de “fuerzas especiales” en el Congreso, puestas ahí con la única orden de pudrir la marcha pacífica que reclamaba por la aparición de este pibe. Y también la coordinación con los medios de comunicación para inventar un “grupo terrorista Mapuche”.
    Como dato de color, no sé si estuvieron leyendo los sitios “colegas”: la mayoría de los foristas, incluídos los más conocidos, se dedicaron a repetir las insólitas pelotudeces del tipo “peligroso grupo guerrillero mapuche” o de “los mapuches como HHCC”. Ninguno de ellos dijo nada de la desaparición de este chico, cuando hablaron solo fué para decir que “si el Cels estaba atrás de esto, era obvio que Maldonado merecía 1000 años de carcel”, todo ante el silencio de los moderadores.
    En fín.Saludos.

    • Estimado Fireteam, es de uso frecuente en todas partes del mundo el uso de infiltrados para armar desmanes y de esa forma tratar de descalificar protestas legítimas de distintos grupos sociales. En algunos casos esos mismos exaltados responden a los sectores más radicales de los mismos grupos reclamantes, con lo cual con su accionar equívoco descalifican su misma protesta o reclamo colectivo, por lo cual intencionalmente o no favorecen a abonar los argumentos de sus adversarios. Lo mismo sobre hechos que se le adjudican a estos grupos sin que los mismos lo hayan cometido, muchas veces incluso cometidos por quienes los denuncian.

      Por eso en este tipo de conflictos lo esencial es separar paja de trigo, y a pesar de la confusión y carne podrida que se tira o fabrica poder identificar claramente lo que cada uno hace, lo cual no es fácil porque casi siempre la información sobre estos sucesos no es de primera mano sino que viene “tamizada” por el interés de las distintas fuentes que siempre tratan de direccionar la información para donde les conviene, o directamente se trata de falsedades para desinformar. Y menos fácil es cuando en lo que se trata encima juegan prejuicios sociales históricos, como sucede en la cuestión indígena.

      Por eso aquí a veces tratamos de ir un poco más allá de las noticias y dar cuenta del contexto de las mismas, o sea la relación del hecho en cuestión con otros hechos cercanos o lejanos en el tiempo y el espacio, sino la situación a veces no se entiende, o se entiende de un modo incompleto y muy sesgado, lo que solo lleva a equívocos. La idea es que a partir de esa interpretación -toda visión sobre lo que sucede en la realidad lo es- pueda ser contrastada con la de otro participante, o hasta refutada, y en este intercambio lograr esclarecerse mutuamente. Por eso estamos y participamos de este espacio, y no lo hacemos en otros en donde este ejercicio está prohibido expresa o tácitamente, y que por ende son más proclives a dejarse influenciar por las novedades recortadas en sí mismas sin lograr entender lo que significan o implican, tal como lo haría un lorito parlanchín o un niño de cortísima edad. Pero bueno, hagamos nuestros votos para que en algún momento crezcan y se puedan poner los pantalones largos.

      Saludos. Ernesto

  3. Estimado Ernesto, un lujo leerte como siempre amigazo!!!

    Sin ánimo de desviar el eje no quiero dejar de recordar la situación del referente de la comunidad wichí, Agustín Santillán, referente de la comunidad wichí en la Provincia de Formosa, quién actualmente está presoa 500 km de su hogar, por su presunta participación en una serie de incidentes, en su lucha por la reivindicación histórica del territorio ancestral.

    https://amnistia.org.ar/alerta-por-la-situacion-de-lider-wichi/

    Saludos
    Marcelo

    • Gracias por tus consideraciones Marcelo, pero esto escribo no como intento de ejercicio literario sino como indignación por cosas que están pasando en nuestro bendito país que nos retrotraen a lo peor de nuestra historia. Como lo digo en la respuesta a Fireteam, hoy por hoy seguir escuchando argumentos por parte de nuestros gobernantes justificando el terrorismo de Estado y sus metodologías simplemente eriza los pelos y lleva a preguntarse cuales son los límites de nuestra sociedad frente a este tipo de hechos aberrantes, y si de verdad estamos dispuestos a asumir como sociedad el espíritu del Nunca Más, que en su momento fue un ejemplo a nivel mundial que hasta hoy sigue tomándose de esa manera en los círculos más progresistas del globo.

      Y te agradezco a vos la mención al caso de Agustín Santillán, preso en condiciones poco ortodoxas por denunciar y resistirse los atropellos a los que son sometidos los miembros de su comunidad. Lamentablemente su caso es otro más de los cientos de conflictos con los que se vulneran día a día los derechos de los pueblos indígenas (para nuestro país ver http://www.territorioindigena.com.ar/). Y para dejar en claro la esencia de la problemática en estos casos, valen las palabras de Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina en el enlace que citás:

      “Una de las formas de persecución contra los pueblos originarios se da a través del uso de la persecución penal. La experiencia nos demuestra que el uso de causas por delitos como corte de ruta, resistencia a la autoridad, usurpación es utilizado como estrategia de intimidación y silenciamiento de defensores y defensoras que luchan por los derechos humanos. De este modo, el Estado corre el eje y en vez de atender las cuestiones de fondo, invierte recursos en perseguir a referentes indígenas”.

      Un abrazo. Ernesto

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