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Malvinas. Declaración imprescindible.

 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2016
Gustavo Omar Lahoud
Docente universitario, especialista en energía y geopolítica

La reciente decisión del Reino Unido de realizar nuevos ejercicios y maniobras militares en nuestra región del Atlántico Sur- sobre cuya inminencia, el Servicio Hidrográfico Naval alertó en las últimas horas-, reactualiza la centralidad de la problemática Malvinas y la imperiosa necesidad de adoptar posiciones diplomáticas regionales firmes e inteligentes, sobre la base de la denuncia permanente de los actos guerreristas británicos, que constituyen una verdadera amenaza a la paz y seguridad internacionales.
Estos aprestos militares- que no son nuevos y que forman parte, lamentablemente, del rutinario accionar británico en las islas-, se llevarán a cabo entre el 19 y el 26 de octubre próximo, en un escenario políticamente enrarecido luego de algunos hechos que nos parece fundamental poner sobre la mesa. En el alerta señalado, el Servicio Hidrográfico Naval afirma que “las fuerzas militares inglesas que en forma ilegal ocupan el territorio argentino de las islas Malvinas han notificado que realizarán un ejercicio de armas que incluye el lanzamiento de misiles”.

En efecto, esta nueva provocación británica, ocurre a un mes de la declaración conjunta que ambos Gobiernos dieron a conocer el 13 de septiembre pasado2. Esa declaración, instaba a encarar discusiones y reuniones para avanzar en los más diversos campos de la relación bilateral- desde la cuestión de los vuelos y el vínculo de las islas con el continente, pasando por la pesca, hidrocarburos, inversiones y comercio-, lo cual generó una verdadera conmoción en todo el arco político-institucional y en diversos sectores sociales, a tal punto que tanto la Canciller Malcorra como el Vicecanciller Foradori debieron comparecer ante las respectivas Comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y del Senado, a fin de “aclarar” los alcances de lo firmado, más aún teniendo en cuenta el permanente reclamo por la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Asimismo, en el contexto de la Asamblea anual de las Naciones Unidas en Nueva York, se produjo un encuentro informal entre el Presidente Macri y la flamante Primera Ministra británica Theresa May, luego del cual el Primer Mandatario expresó que los británicos estaban dispuestos a discutir, en un tiempo determinado, la cuestión de la soberanía. Este malentendido, furcio, error de principiante, o como se lo quiera llamar, generó la inmediata aclaración oficial de la Cancillería argentina, que remarcó que sólo se trataba de una declaración para avanzar paulatinamente en una agenda positiva y que la cuestión de fondo de ninguna manera sería puesta en discusión.3

Por último, es fundamental tener en cuenta otro aspecto no menor en el derrotero descrito. Nos referimos a la candidatura de nuestra Canciller Susana Malcorra a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Como ya es de público conocimiento, sus aspiraciones han quedado truncas y se ha conocido que, en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Federación Rusa

1 http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-311841-2016-10-15.html
2 http://www.lanacion.com.ar/1937581-malvinas-avance-entre-la-argentina-y-gran-bretana-sobre-vuelos-y-petroleo
3 http://m.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-309906-2016-09-21.html

vetó su candidatura4 y también ha circulado la versión, todavía no confirmada, que recibió el veto del Reino Unido; sin embargo, lo realmente inquietante es que, en el marco de esa compulsa, se produjeron las declaraciones de acercamiento con el Reino Unido y la firma de esta “declaración conjunta”, lo cual nos lleva a preguntarnos si realmente se ha tomado nota de la gravedad y prioridad político-institucional y diplomática que comporta la cuestión Malvinas y la política regional en el Atlántico Sur.
En concreto, el conjunto de hechos referidos deben servirnos a modo de fuerte advertencia para retomar una senda clara y vigorosa en el reclamo soberano sobre las Malvinas y el Atlántico Sur, ya que Gran Bretaña ha operado y lo seguirá haciendo en función de intereses permanentes, críticos y vitales para su propia proyección de poder en la región, más aún en la perspectiva de la consolidación de las actividades económicas de la pesca y los hidrocarburos, que tienen como telón de fondo, a su vez, la proyección y control geoestratégico sobre la Antártida.

En este escenario, no debe perderse de vista que en marzo de 2016, la Comisión del Límite Exterior de la Plataforma Continental- que funciona en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar-, ratificó la propuesta de demarcación del límite exterior de la plataforma continental realizada formalmente por Argentina en 2009, luego de años de estudios complejos y de diversas misiones oceanográficas. Ello significó que, entre las 200 millas marinas y el límite exterior, la Argentina sumara 1.700.000 kilómetros cuadrados a su superficie, que se suman a los 4.800.000 kilómetros cuadrados comprendidos entre las líneas de base y las 200 millas marinas.5

Aquí hay que tener en cuenta, además, que el Gobierno kelper ha desarrollado, desde hace casi treinta años, una “exitosa” explotación económica de las riquezas ictícolas existentes en el mar territorial y la plataforma continental de las islas Malvinas, generando un “efecto riqueza” nunca antes conocido por esta población implantada artificialmente hace ya dos siglos por los británicos. Estos extraordinarios ingresos se han sustentado en las licencias pesqueras que el Gobierno kelper ha otorgado ilegalmente, desde hace tres décadas, para consumar la explotación de uno de los principales recursos de la región.
Hoy, ante un contexto geopolítico mundial acuciante en términos de lucha por el control y el acceso a recursos naturales estratégicos como los hidrocarburos y minerales, las Malvinas y el mar circundante, son parte de un renovado interés geoestratégico de los británicos y los kelpers, asociado, esta vez, a la potencial explotación de las riquezas hidrocarburíferas existentes.
En efecto, en la última década, la potencia colonial ocupante, ha sido el garante de un avance significativo del Gobierno kelper en materia de prospección y exploración hidrocarburífera, a tal punto que, si bien estamos lejos de tener un escenario de reservas probadas que posibilitarían una explotación masiva en el corazón del Atlántico Sur, sí estamos ante la eventualidad que los kelpers

4 http://pensa.cancilleria.gov.ar/new-yor-times-russia-blocked-malcorras-un-bid
5 http://www.lanacion.com.ar/1883979-soberania-y-recursos-ejes-del-fallo-de-la-onu-sobre-la-extension-territorial

comiencen a explotar, en forma acotada, algunas de las áreas que ya han sido exploradas en los últimos años.
Ello es lo que está ocurriendo, a modo de caso paradigmático, con el yacimiento Sea Lion, ubicado al norte de las islas, donde hay prospectos de explotación acotada que podrían comenzar a extraer hidrocarburos entre 2017 y 2020. Por cierto, una coyuntura de precios del petróleo a la baja, como la que se vive actualmente, sumado a los extraordinarios costos de explotación asociados a las difíciles condiciones geológicas y climáticas de la región, junto con el exorbitante costo de las plataformas de extracción offshore, configuran obstáculos serios y persistentes a la hora de evaluar la celeridad con la que podrían avanzar estos proyectos.

Por ende, si bien esta particular situación de la coyuntura conspira contra la factibilidad de un masivo escenario de exploración y explotación hidrocarburífera, no es menos cierto que existe una planificación consciente por parte del Gobierno británico, la Administración kelper y empresas como Premier Oil, Rockhopper Exploration y Falkland Oil & Gas- todas británicas- o Noble Energy- estadounidense-, para consolidar una presencia en la región y avanzar todo lo posible en los futuros proyectos exploratorios y de explotación.6
Esta decisión, debe analizarse vis a vis al objetivo británico de consolidar su presencia naval en esta región estratégica en el mundo, como así también en el contexto del declinante escenario productivo que este país afronta en el Mar del Norte, donde el petróleo de fácil extracción comienza a escasear y se necesitan explorar nuevas alternativas en materia de aprovisionamiento futuro de recursos fósiles, cuyo control y acceso es aún tan crítico como hace más de cincuenta años. A su vez, los mares comienzan a ser un escenario de creciente conflictividad, y no sólo entre grandes potencias como Gran Bretaña, China o Estados Unidos, sino entre potencias de mediana capacidad de poder, todo lo cual haría previsible que las competencias interestatales por recursos minerales e hidrocarburíferos que podrían extraerse de los mares se incrementen, generando disputas por el control y el acceso a las áreas de plataforma continental y zonas exclusivas entre países con litoral marítimo.

Por ende, ante este preocupante cuadro de situación, y ante la agresiva actitud del Reino Unido, estimamos fundamental que el Gobierno de la República Argentina, utilice todos los recursos diplomáticos y político-institucionales posibles, no sólo para denunciar la recurrente posición militarista de los británicos en el Atlántico Sur, sino también para obstruir- por las vías legales conducentes y en un marco de respeto a la paz y la seguridad internacionales- las continuas decisiones unilaterales que la Administración kelper toma con el inocultable apoyo británico que, desde hace décadas, se niega a sentarse a la mesa de negociaciones para tratar la cuestión central del reclamo soberano argentino, al tiempo que no deja pasar oportunidad para consumar nuevos actos de fuerza, que alejan el escenario futuro de una solución definitiva al conflicto a través de negociaciones bilaterales.

6 http://www.cronista.com/financialtimes/La-caida-del-crudo-no-desalento-a-las-petroleras-en-Malvinas-20150320-0071.html

En este contexto, creemos que las continuas declaraciones en los ámbitos regionales de integración favorables al reclamo soberano argentino, como las que se propician en el Mercosur, Parlasur, Unasur, Celac, OEA o las misas Naciones Unidas, forman parte de un valioso esquema de concertación y cooperación regional que ha permitido que la presión diplomática sobre el Reino Unidos crezca de manera significativa, generando un margen de maniobra diplomático mucho más sólido para la Argentina. De hecho, con todas sus contradicciones a cuestas, la administración anterior había dado pasos muy firmes para sostener una estrategia diplomática colectiva, pacífica y permanente sobre la problemática del Atlántico Sur.
Sin embargo, la lógica de intervención diplomática en distintos foros de alcance regional y mundial, no es suficiente, dada la magnitud del problema de dimensiones geopolíticas concretas que tenemos entre manos en la región del Atlántico Sur. Ante ello, resulta fundamental identificar los intereses empresariales británicos o de cualquier otro país que hoy están presentes en las actividades económicas ilegalmente realizadas en las islas y en los frentes marítimos usurpados, a los efectos de obstruir la posibilidad que continúen en un ejercicio de ilegalidad manifiesta, a través de la denuncia y la afectación de sus intereses en materia de inversiones.
En este plano, nuestro país cuenta con un instrumento normativo vigente- la ley 26.659, sancionada en 2011- que impide que cualquier empresa, sea nacional o extranjera, pueda acceder a explotaciones de recursos hidrocarburíferos en la Plataforma Continental Argentina, sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por autoridad competente argentina.

En forma complementaria, hacia fines de 2013, esta legislación fue parcialmente modificada a través de la ley 26.915, mediante la que se establecieron multas concretas medidas en valores volumétricos de crudo, junto con penas efectivas de prisión e inhabilitación para todos aquellos agentes económicos que estuvieran realizando tareas exploratorias o de explotación de hidrocarburos en el mar territorial argentino y en la Plataforma Continental Argentina.
A su vez, no sería descabellado encarar una evaluación integral sobre determinadas medidas a adoptar con los activos británicos en sectores estratégicos de la economía nacional, como es el caso de la participación de British Petroleum asociada a Pan American Energy y a los chinos de CNOOC en Cerro Dragón, principal yacimiento hidrocarburífero del país.

Estas normativas, si bien constituyen herramientas importantes que le darían al Estado argentino la posibilidad de imponer costos y obstruir el camino de la política de hechos consumados que los británicos perpetran en el Atlántico Sur, deben ir de la mano de un replanteo estratégico integral de las distintas capacidades estatales que deben intervenir para asegurar su cumplimiento.
Es aquí donde nos encontramos en serios problemas, ya que las referidas capacidades estatales, remiten no sólo a los instrumentos efectivos que, desde lo normativo hasta lo impositivo y fiscal deben ponerse en marcha, sino a las capacidades de producción de inteligencia estratégica militar y de disuasión efectiva que todo país debe tener para asegurar la protección de sus intereses vitales y estratégicos ante una amenaza permanente, como la que comporta Gran Bretaña con la consolidación de su status colonial en el Atlántico Sur. Este costado de la problemática no es menor, ya que resulta imprescindible contar con instrumentos y logística para la realización de inteligencia estratégica en áreas claramente vinculadas con la defensa de nuestros intereses vitales
y, en tal sentido, no deja de ser elocuente que la advertencia formal sobre la realización de nuevos ejercicios militares por parte del Reino Unido, haya provenido del reporte náutico del Servicio de Hidrografía Naval. Ante ello, lo peor que podría hacerse es convertir en “rutinarios” estos aprestos británicos, ya que, entre otras cuestiones, ponen el foco en la incapacidad estructural de nuestros sistemas de defensa en pos de proveer un entorno estratégico seguro, confiable y predecible para nuestros intereses vitales.

Este último punto no es menor, ya que las sucesivas administraciones nacionales, en los últimos 25 años, han sido copartícipes de un deterioro institucional y operativo de todo el sistema de defensa nacional- que incluye desde el instrumento militar hasta la capacidad de generar información relevante que sea útil para comprender posibles escenarios conflictivos o amenazantes a nuestros intereses nacionales-, lo cual nos ha dejado en una posición relativa altamente vulnerable en el sistema internacional. Asimismo, no deja de ser inquietante la acumulación de serias sospechas, en los últimos años, sobre el “ilegal uso” de parte de esos recursos para la realización de tareas ligadas a “espionaje interno” que, como es de público conocimiento, están taxativamente prohibidas por nuestro marco normativo en materia de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia Nacional.
Sin embargo, más allá de estos claroscuros, durante los últimos años, se registraron tímidos ensayos de coordinación colectiva en el marco de la nueva institucionalidad creada, como el Consejo Sudamericano de Defensa. Ello había posibilitado el margen de maniobra para comenzar a discutir regionalmente una agenda común en la materia, uno de cuyos ejes centrales, ha sido la profundización de las acciones tendientes a consolidar el Atlántico Sur como zona de paz, lo cual constituye ya un activo simbólico y real de nuestro acervo político-diplomático.

Ante el preocupante cuadro internacional, regional y nacional que hemos descrito en la presenta declaración en lo que respecta al conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes, estimamos fundamental que nuestra dirigencia política asuma, de manera responsable, la continuidad de activas acciones diplomáticas y político- institucionales en todos los ámbitos regionales y mundiales, promoviendo no sólo las vías adecuadas para la solución pacífica de la controversia, sino la abierta denuncia del inaceptable proceso de militarización que los británicos están consolidando con su ocupación colonial en el Atlántico Sur, al tiempo que debemos garantizar un proceso gradual de reconstrucción de nuestras capacidades estatales nacionales que nos permitan, en el largo plazo, ejercer nuestra soberanía política y económica, de manera previsible y en un marco de consolidación de la integración regional, preservando al Atlántico Sur como zona de paz y libre de proliferación de todo tipo de armas de destrucción masiva.

Buenos Aires, 15 de octubre de 2016
Gustavo Omar Lahoud
Docente universitario, especialista en energía y geopolítica

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1 Comentario en Malvinas. Declaración imprescindible.

  1. Algunas cosas de un tema que da para largo, pero que en muchos puntos de lo aquí descripto ya venimos tratando oportunamente en este sitio desde hace tiempo.

    En vista de un contexto regional en el cual sus gobiernos con intenciones progresistas han sido desplazados por golpes de estado -caso Brasil, Costa Rica o Paraguay- o elecciones (Argentina) y que fueron reemplazados por gobiernos afines al establishment económico-financiero global (o sea el manejado desde Londres o EEUU); sumado a aquellos que están sufriendo una intensa presión desestabilizadora apoyada por esos sectores, como en Venezuela, Nicaragua, Ecuador o Bolivia; con una Cuba rompiendo el hielo con los EEUU, y con este país con la vista vuelta nuevamente a su “backyard” para tratar de evitar una creciente influencia económica y comercial de China en lo que considera su área de influencia, hoy por hoy es muy difícil pensar en una declaración regional que condene al Reino Unido por maniobras de este tipo, sobre todo cuando las mismas no muestran un acrecentamiento desmesurado de su poderío militar en la zona, dicho esto independientemente de la voluntad británica de “mostrar músculo” a nuestro país una vez sepultada transitoriamente por la propia torpeza del gobierno argentino la posibilidad de un acuerdo según lo querido por May y Malcorra. Se puede intentar conseguir esa declaración, pero con un gobierno empecinado en mejorar los lazos con el RU y las potencias occidentales en un realineamiento de tipo “carnal” es pedirle peras al olmo, y mucho más con prometedoras instancias regionales -como la UNASUR y CELAC- reducidas a su mínima expresión ahora que los principales “pesos pesados” de la región, o sea Mexico, Colombia, Brasil y Argentina conforman o buscan formar parte de la Alianza del Pacífico y, tras la misma, su integración al TTP. Digamos que lamentablemente para los latinoamericanos el escenario regional actual es bastante diferente al de hace una década atrás, y mucho menos esperanzador.

    Pero este contexto regional, sumado al global mencionado en el escrito, tiene implicancias que exceden a la temática de Malvinas, aunque bien pueden servirle de marco. Si bien la tenencia de las islas está en manos del RU no hay que descartar que las bases británicas en ellas puedan emplearse -como en el caso de Ascensión en 1982, o de Diego García en el Indico- como puntos de proyección de poderío militar estadounidense devenido un conflicto global, o también regional en algunos casos. De hecho los EEUU han mantenido una dudosa neutralidad en este conflicto, neutralidad que más temprano que tarde ha terminado por favorecer claramente la posición del RU, incluyendo el apoyo militar directo. Tener este portaaviones inhundible cerca de uno de los principales conectores bioceánicos y con proyección a la parte de la Antártida en la cual se supone existen mayores riquezas y se encuentra más cercana a alguna otra porción continental no es poca cosa al momento de evaluar la importancia estratégica de estas islas, y aún menos cuando han aplicado repetidas veces la doctrina “fleet-in-being” para defenderlas.

    En este marco geopolítico tal vez las riquezas que puedan contener las islas sean lo de menos, pues su importancia estratégica, un bien intangible, es tan alta que justificaría cualquier costo de manutención de estos espacios territoriales. Naturalmente que si ese costo económico puede disminuirse o revertirse mediante la misma explotación o depredación de los recursos naturales del territorio ocupado la ganancia pasa a ser doble, no solo estratégica sino también económica, lo que a su vez fortalece la posición estratégica del usurpador. Esto es lo que Malcorra y su fallida ambición al Secretariado General han obviado ponderar, y por eso mismo los funcionarios de Cancillería han sido llamados a dar cuenta en el Congreso de lo que estaban tratando a espaldas de todos, y por iniciativa de los británicos. Con los kelpers (o al menos su clase dirigente) viviendo en condición de emires pesqueros -y mucho más en la eventualidad de serlo además petroleros- toda esperanza de negociacion se desvanece, salvo que en la misma se le quiera reconocer a estos el manejo de esos recursos y al RU la cesión de una base al estilo de Guantanamo, lo que en definitiva, aún reintegradas las islas a nuestro territorio, implicaría una renuncia fáctica a nuestra soberanía.

    Es algo tan simple de entender que es llamativo no lo haya podido entrever una Canciller, lo cual habla o de una ineptitud clara para ese cargo, o bien de una vocación política contraria a nuestros intereses nacionales, por lo cual como mínimo corresponde solicitarle la renuncia sin otro trámite. Aún más cuando en la justificación del pretendido acuerdo con el RU se hace referencia al “paragüas de soberanía”, fórmula propuesta por el usurpador para posibilitar su actual situación de ventaja estratégica mediante la mejora de la posición económica de los isleños y materializada en acuerdos totalmente espúreos ya que nunca han sido refrendados por el Congreso Nacional, aunque sí respetados implícitamente por los gobiernos que han sucedido a quienes lo firmaron. Las mismas partes ideólogas de esto han admitido que la finalidad primaria de este intento era justamente esa, revalidar en los hechos la vigencia de esos acuerdos escalando una posición al ratificarlos mediante la firma de otro más en ese marco, y hasta el comunicado del RU avisando de las maniobras con misiles tiene que ver con la vigencia cotidiana de los mismos, al igual que nuestra ausencia militar bajo el paralelo fijado en ellos. En tal entorno situacional declarar “Zona de Paz” a esta porción del Atlántico Sur implíca tácitamente revalidar los términos de los Acuerdos de Madrid y, por lo tanto, fortalecer la posición del usurpador otorgándole las herramientas para hacer que su ocupación sea sustentable económicamente, y además que gane tiempo para eludir nuevamente una negociación bipartita sobre la soberanía como la que a instancias del Comité de Descolonización de la ONU se pidió en la Resolución 2065.

    Mientras tanto persisten otras dudas ¿cuanto hay realmente de hidrocarburos en la plataforma de las islas? ¿de qué tipo y calidad? ¿cuanto costaría eventualmente sacarlo? ¿qué apoyatura logística se necesitaría para hacerlo? ¿en dónde se procesaría el crudo extraido?. Con la retracción del consumo mundial debida a la crisis económica global artificialmente creada para debilitar a los estados nacionales y propender a la concentración económica en manos de los grandes grupos económico-financieros; con un desarrollo de tecnologías alternativas que en una década de expansión ha demostrado cabalmente sus posibilidades allende de las simples promesas que constituían a principios de siglo; y teniendo presente que cada vez aumentan más los horizontes de reservas no solo de los no tradicionales sino también de los mismos tradicionales en áreas insuficientemente explotadas en todo el globo cabe preguntarse que posibilidades en el mediano y largo plazo tienen los posibles hidrocarburos de la cuenca malvinense, sobre todo si no hay un respaldo logístico cercano para tal explotación.

    Si se amplía la mirada, se verá que el interés británico en el sur iraquí, en el norte de Libia, en algunos de los países de la Commonwealth, y hasta un acercamiento mucho más firme con los EEUU -uno de los principales países productores a partir del boom del fracking- a costa de su ruptura con Europa es acompañado por los descubrimientos de West Sussex, con un potencial de entre el 20 al 40% del petroleo extraido en Escocia en los últimos 40 años. De hecho, pese al fuerte declino en la cuenca del Mar del Norte, en el 2015 ha exportado casi tanto petroleo del que ha importado (el saldo de la balanza en este rubro es deficitario por solo u$s 2.400 millones), pero su problema es la provisión de gas de petroleo, en la cual ha invertido en ese año más de u$s 10.000 millones, pese a que este insumo se ubica en el 10º lugar de sus importaciones representando solo el 1,7% del costo de las mismas (ver http://www.trademap.org/index.aspx?proceed=true&tradetype=I&reporter=826&subsite=tradestat&AspxAutoDetectCookieSupport=1 y https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/reino-unido/cifras-comercio-exterior#classification_by_products).

    Teniendo esto presente en este mismo sitio hemos señalado que, relativamente oculto tras la polvadera levantada por el anuncio de la posible firma del acuerdo, el presidente Macri ha recibido junto a Malcorra y Prat Gay al CEO de la British Petroleum en el ámbito del “Mini Davos”, quien aparte de decir que no piensan aumentar la inversión en nuestro país durante la próxima década ha pedido una mayor flexibilización laboral y ayuda para bajar los costos de explotación de los yacimientos que ya posee en nuestra área continental, cuestión que diligentemente el ministro Aranguren negoció en estos días para rebajar las regalías de las provincias y disminuir el costo salarial mediante congelamiento de salarios, despidos y suspensiones, a la par del aumento de subsidios a las empresas. Pero lo que no trascendió demasiado es que Bob Dudley además pidió pie de igualdad para competir con Chevron y Exxon en Vaca Muerta, lo que implica que se le faciliten las mismas condiciones sospechosamente extraordinarias de las que gozan esas empresas para quedarse con la mayor parte de nuestros recursos naturales estratégicos, y que encima esa misma extracción nos genere una enorme deuda, pues las inversiones de estas empresas son tomadas en carácter de préstamos en condiciones leoninas.

    Por eso coincidimos en que este debe ser uno de los primeros puntos a revisar para proceder a un reclamo serio por Malvinas y las islas del Atlántico Sur, sobre todo teniendo presente que algunas de las firmas que otorgan apoyo a la explotación petrolera en nuestro continente están íntimamente ligadas a la exploración de Sea Lion y oportunamente no han sido objeto de sanción alguna según lo previsto en la ley 26.659 (mod. por 26.915). Otros puntos también son prioritarios de revisión, en especial los ligados a los Acuerdos de Madrid, que deberían ser inmediatamente denunciados, así como el evidente relajo en lo relativo a la fuga de capitales a paraisos fiscales que, como dijimos, es una de las principales fuentes de ingresos de divisas en el sistema financiero controlado por los británicos (divisas que luego retornan a nuestro país como prestamos, creando nueva deuda); y además de esto cesar la cooperación hasta que exista negociación en serio por la soberanía. Pero para que todo esto suceda es menester que exista otro tipo de gobierno, mientras gente como la que tenemos -y tuvimos- ocupe la Casa Rosada y la Cancillería no da para abrigar muchas ilusiones, y mucho menos con un contexto regional tan poco auspicioso en lo relativo al desarrollo de una política regional realmente independiente de los poderes facticos globales.

    Saludos. Ernesto

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